El gobierno de Uruguay y la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas del Estado (UTE) preparan nuevas convocatorias para incorporar generación solar, con participación de desarrolladores privados y una meta mínima de 500 MW fotovoltaicos durante el quinquenio.
La decisión responde al crecimiento esperado de la demanda, el avance de la movilidad eléctrica, la llegada de inversiones industriales y el atraso acumulado en la incorporación de nueva capacidad.
“Uruguay hizo una transformación eléctrica reconocida, pero en los últimos años venimos con un atraso en materia de incorporación, de nueva capacidad de generación y es algo que tenemos que corregir ya”, afirma Fernanda Cardona, ministra de Industria, Energía y Minería.
“Y por eso nos hemos fijado una meta ambiciosa para este quinquenio que es ampliar la generación en 500 MW, por lo menos, de energía renovable con fotovoltaica. Es una necesidad estratégica para el país”, agregó durante la 12° edición del Congreso LATAM Renovables, que organiza AUDER.
Parte de ese crecimiento se canalizará mediante nuevas convocatorias al sector privado. UTE trabaja en los pliegos, el mecanismo de remuneración, los servicios exigidos y la ubicación de las plantas.
El modelo considerado contempla que el adjudicatario construya la central, reciba una contraprestación por la instalación y sus prestaciones asociadas y, posteriormente, transfiera el activo a la empresa pública.
“Todos los llamados que se hagan serán en la clave de licitaciones para que puedan presentarse desde el sector privado, con una modalidad donde se remunera al desarrollador todos los servicios que brinda esa planta y después pasan a manos de UTE”, confirmó Andrea Cabrera, presidenta de UTE.
“Hay otros proyectos que estamos pensando y esperamos antes de fin de año poder anunciar qué proyecto podría ser desarrollado totalmente por inversores privados”, adelantó la ejecutiva.
La definición dependerá de la capacidad disponible en el sistema. UTE ajusta las condiciones técnicas dado que no estará operativo en el corto plazo el tercer corredor de transmisión en 500 kV, que unirá el centro con el sur del país.
La restricción condicionará la localización, la potencia y los plazos de los primeros parques. También incidirá sobre los servicios complementarios que deberán ofrecer los adjudicatarios. Aunque desde la entidad pública reconocieron que la opción evaluada incorpora un pago fijo durante un período determinado, en lugar de una contraprestación limitada a la energía generada.
“Estamos diseñando esa parte contractual y qué servicios adicionales dará. En esa remuneración tipo canon estaría la remuneración de la central con todos sus servicios asociados”, subrayó Cabrera.
La apertura representaría un cambio frente a la expansión fotovoltaica reciente. Hasta ahora, las inversiones quedaron concentradas en UTE, que conserva la propiedad de los activos y contrata a terceros para realizar la ingeniería, el suministro de equipos y la construcción mediante esquemas EPC.
Años atrás, la compañía estatal había previsto incorporar parques desde 2026, con bloques de 100 MW anuales hasta 2030. Sin embargo, desde aquel anuncio solo se avanzó con la licitación EPC de un bloque de 100 MW.
Entre los proyectos públicos en marcha figura Punta del Tigre B, financiado mediante una emisión de obligaciones negociables por 27 millones de dólares. La documentación identifica una potencia de 25 MW, aunque la compañía señala que alcanzará 28 MW instalados.
A ese desarrollo se suma el parque fotovoltaico de Melo. La central tendrá 75 MWp, cerca de 140.000 paneles y una inversión superior a 75 millones de dólares, por lo que se convertirá en la mayor instalación solar de Uruguay.
El Gobierno también anunció otras plantas distribuidas en departamentos del interior. La decisión busca evitar la concentración de toda la potencia en un único emplazamiento y utilizar la expansión como herramienta de desarrollo territorial.
“Que el sector privado esté atento porque en pocos meses vamos a comunicar las bases de las convocatorias solares que serán trabajadas para el sector privado”, indicó la titular de la cartera energética del país
Hibridación y microgeneración completan la estrategia
Además, desde el Poder Ejecutivo reconocieron que analizan la hibridación de proyectos renovables existentes para incorporar tecnologías adicionales en terrenos y nodos que ya cuentan con infraestructura.
El objetivo es aprovechar mejor las conexiones disponibles y crear una alternativa comercial para los actores instalados.
“¿A qué se debe? Por dos motivos principales. Primero, porque es mucho más eficiente desde el punto de vista locativo, de las redes. Y segundo, porque es un nuevo esquema de negocio para la gente que ya apostó en Uruguay y ya está instalada. Entonces, eso también es un desafío para nosotros, ver cómo hibridamos la robustez con la que Uruguay ya cuenta”, manifestó la ministra Cardona.
En paralelo, el MIEM finaliza un decreto sobre microgeneración. La regulación buscará atender a quienes ya realizaron inversiones y establecer condiciones sostenibles para el crecimiento futuro.
“Intentamos con ese trabajo, además, encontrar un equilibrio entre lo que pasó en Uruguay, lo que espera la gente que está ya también instalada, y tener un mediano plazo que sea satisfactorio y beneficie a todo el ecosistema en microgeneración”, concluye Cardona.
La próxima etapa combinará generación pública, capital privado, contratos con canon fijo, hibridación y recursos distribuidos. Su avance dependerá de la publicación de los pliegos, la adjudicación de los proyectos y la disponibilidad de infraestructura para conectarlos.