El Gobierno decidió avanzar con una de las reformas más relevantes para el sistema energético de los últimos años: la ampliación de la red de transporte de electricidad mediante concesiones a privados.
La medida apunta a atacar un problema estructural que arrastra el sector desde hace décadas: una red saturada que limita el traslado de energía desde los centros de generación hasta los grandes polos de consumo y eleva el riesgo de cortes.
La iniciativa quedó formalizada con la publicación del Decreto 921/2025, que habilita la ejecución de obras consideradas prioritarias dentro del Plan Nacional de Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica. El objetivo central es fortalecer la confiabilidad del sistema, reducir vulnerabilidades y acompañar el crecimiento sostenido de la demanda eléctrica, tanto residencial como industrial.
Desde la Secretaría de Energía, que depende del Ministerio de Economía, señalaron que sin una expansión significativa del transporte eléctrico resulta imposible sumar nueva generación y garantizar el abastecimiento en condiciones normales. “Es una condición indispensable para sostener el desarrollo energético y productivo del país”, remarcaron fuentes oficiales.
El esquema elegido se basa en la Ley de Concesión de Obra Pública, que permite que empresas privadas se encarguen de construir, operar y mantener la infraestructura a cambio del cobro de tarifas o peajes, sin comprometer recursos fiscales directos. Para el Gobierno, este modelo ofrece previsibilidad jurídica, acelera los tiempos de ejecución y permite movilizar inversiones largamente demoradas.
El decreto establece que las obras se adjudicarán a través de licitaciones públicas, tanto nacionales como internacionales. Entre los proyectos ya identificados se encuentran el plan “AMBA I” y tres líneas de alta tensión de 500 kV consideradas estratégicas: Río Diamante-Charlone-O’Higgins, Puerto Madryn-Choele Choel-Bahía Blanca y la ampliación del sistema troncal que abastece al Área Metropolitana de Buenos Aires.
La Secretaría de Energía tendrá a su cargo todo el proceso licitatorio, desde la elaboración y aprobación de los pliegos hasta la evaluación de ofertas y la adjudicación de los contratos, mientras que el Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación y control. En paralelo, la Subsecretaría de Energía Eléctrica avanza en la actualización del reglamento de acceso y ampliación del sistema, además de los pliegos técnicos y contractuales necesarios para poner en marcha las obras.
La intención es activar la licitación del proyecto AMBA I durante el primer cuatrimestre de 2026, un cronograma que refleja la urgencia por reforzar una red que opera al límite en varios puntos del país.
Desde Economía subrayaron que la decisión marca un paso clave en la normalización del sector eléctrico. “Se crean las condiciones para destrabar inversiones postergadas, mejorar la seguridad energética y reducir restricciones que hoy afectan a usuarios, industrias y regiones enteras”, señalaron.
