La situaci\u00f3n de Cerro Negro escal\u00f3 desde una inspecci\u00f3n laboral y de seguridad hasta convertirse en un conflicto institucional de alta gravedad. El Gobierno de Santa Cruz inform\u00f3 que la Polic\u00eda debi\u00f3 ejecutar una orden judicial para que los inspectores provinciales pudieran volver a ingresar al yacimiento, luego de que los accesos fueran cerrados con candados.<\/p>\n
La precisi\u00f3n jur\u00eddica es central. Con la informaci\u00f3n p\u00fablica disponible, no se trat\u00f3 de un allanamiento penal contra Newmont por una investigaci\u00f3n criminal, sino de una orden judicial destinada a garantizar la continuidad de un procedimiento administrativo de fiscalizaci\u00f3n.<\/p>\n
La intervenci\u00f3n de la Justicia respondi\u00f3, seg\u00fan la versi\u00f3n oficial, al impedimento para ingresar al predio.<\/p>\n
Durante el operativo, que comenz\u00f3 el 9 de septiembre y fue programado por entre 72 y 96 horas, participaron m\u00e1s de veinte agentes provinciales. La secretaria de Trabajo provincial dict\u00f3 seis ceses preventivos de tareas en sectores que incluir\u00edan \u00e1reas bajo mina, plantas y laboratorios.<\/p>\n
Son suspensiones espec\u00edficas hasta que se corrijan las observaciones; Santa Cruz no hab\u00eda clausurado toda la operaci\u00f3n al cierre de este informe.<\/strong><\/p>\n El secretario de Trabajo, Javier Aravena, denunci\u00f3 veh\u00edculos sin habilitaci\u00f3n, deficiencias en el transporte de combustible y sustancias peligrosas, problemas en equipos para medir gases y la verifricaci\u00f3n de un eventual derrame de cianuro.<\/p>\n Esos se\u00f1alamientos corresponden a la autoridad provincial: todav\u00eda no se difundi\u00f3 un informe t\u00e9cnico completo sobre esas situaciones y Newmont no hab\u00eda publicado una respuesta espec\u00edfica a las acusaciones.<\/p>\n Antecedentes que agravan<\/strong><\/p>\n El episodio adquiere mayor sensibilidad por la muerte de dos trabajadores de Cerro Negro en abril de 2024. Newmont confirm\u00f3 entonces los fallecimientos, suspendi\u00f3 las actividades e inici\u00f3 una investigaci\u00f3n.<\/p>\n Ese antecedente obliga a evaluar cualquier nueva observaci\u00f3n con especial rigor y explicar\u00eda la dureza pol\u00edtica del Gobierno provincial frente a posibles riesgos bajo tierra.<\/p>\n Los controles tampoco comenzaron esta semana. Durante 2026 la Provincia ya hab\u00eda realizado inspecciones, exigido medidas correctivas y recibido reclamos gremiales vinculados con seguridad, contratistas, empleo local y presencia de responsables empresariales con capacidad de decisi\u00f3n.<\/p>\n La nueva crisis, por lo tanto, se inserta en una relaci\u00f3n regulatoria que ven\u00eda acumulando tensi\u00f3n.<\/p>\n Una inversi\u00f3n en juego<\/strong><\/p>\n Newmont reactiv\u00f3 Cerro Negro District Expansion 1 despu\u00e9s de una pausa de un a\u00f1o que la propia compa\u00f1\u00eda vincul\u00f3 con la revisi\u00f3n del capital y con mejoras de seguridad y productividad.<\/p>\n El desarrollo subterr\u00e1neo prev\u00e9 incorporar alrededor de 3,5 millones de onzas de oro, extender la vida de la mina m\u00e1s all\u00e1 de 2038 y demandar entre USD 550 millones y USD 600 millones. Para 2026, la empresa proyect\u00f3 220.000 onzas de producci\u00f3n.<\/p>\n Por eso, los ceses de tareas pueden tener efectos operativos, econ\u00f3micos y reputacionales.<\/strong><\/p><\/blockquote>\n La expansi\u00f3n necesita continuidad, permisos y confianza regulatoria. Si las observaciones alcanzan actividades cr\u00edticas o se prolongan, podr\u00edan alterar cronogramas y costos.<\/p>\n Si Newmont acredita correcciones r\u00e1pidas, el episodio podr\u00eda quedar acotado. Por ahora, ambas posibilidades siguen abiertas.<\/p>\n Por qu\u00e9 es importante<\/strong><\/p>\n El conflicto pone a prueba la capacidad de Newmont para demostrar que su plan de crecimiento es compatible con controles efectivos y condiciones seguras.<\/p>\n Una infracci\u00f3n puede corregirse y una sanci\u00f3n puede apelarse; resulta m\u00e1s dif\u00edcil explicar por qu\u00e9 el Estado necesit\u00f3 una orden judicial para continuar una inspecci\u00f3n dentro de una mina que busca prolongar su vida por m\u00e1s de una d\u00e9cada.<\/p>\n Los pr\u00f3ximos datos ser\u00e1n decisivos: las actas completas de inspecci\u00f3n, el alcance de los seis ceses, la documentaci\u00f3n correctiva, la explicaci\u00f3n empresarial sobre los accesos y el informe t\u00e9cnico del supuesto derrame.<\/p>\n Cerro Negro sigue operativa, pero qued\u00f3 bajo una presi\u00f3n regulatoria que puede escalar si las observaciones no se resuelven.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La situaci\u00f3n de Cerro Negro escal\u00f3 desde una inspecci\u00f3n laboral y de seguridad hasta convertirse en un conflicto institucional de alta gravedad. 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